El PSOE llevará al Tribunal de Cuentas el desvalijamiento del albergue de León

  •  El informe de Intervención reconoce la falta de expediente de enajenación de bienes públicos
  • Los hechos demuestran un quebranto económico para todos los leoneses
  • El PP ha incumplido la ley de patrimonio de bienes públicos y ha dispuesto de los bienes como si fueran suyos particulares

José Antonio Diez anunció la denuncia por el desvalijamiento del albergue El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León llevará al Tribunal de Cuentas el desvalijamiento del albergue municipal tras dos meses esperando la documentación sobre los bienes desaparecidos del edificio municipal. La falta de una respuesta satisfactoria por parte del alcalde Antonio Silván y la confirmación, por parte de Intervención Municipal, de la “inexistencia de expediente alguno para la fiscalización de la desafectación de los bienes públicos” han llevado al PSOE a adoptar esta medida.

El portavoz José Antonio Diez recalca que, tras solicitar toda la información oficial, podemos confirmar la denuncia realizada en el mes de noviembre y es que el equipo de Antonio Silván se ha desprendido de bienes públicos “eludiendo todos los trámites legales”, regalando bienes pagados con dinero público y cometiendo una grave irregularidad administrativa que puede constituir, además, un delito.

Diez precisó que el informe de Intervención municipal es contundente ya que no solo refleja los trámites que sería necesario realizar para desmantelar este edificio municipal sino que precisa que no se ha llevado a cabo ninguno de ellos, trámites que conllevan el preceptivo expediente de desafectación de los bienes, su tasación y la exposición pública de todo el procedimiento. Además subraya que cuando se produzca una cesión directa de bienes -como ha ocurrido en este caso con una pequeña parte del mobiliario del centro- ésta deberá “justificarse suficientemente”, ajustarse a las normas jurídico-públicas de contratación, explicar la motivación de la adjudicación y  formalizar un contrato en documento administrativo.

“En este órgano fiscalizador no ha sido recibido expediente administrativo alguno para fiscalización relativo a la desafectación de los vieneses referidos, ni de su cesión por cualquiera de las modalidades permitidas por la legislación patrimonial”, indica el texto técnico.

Diez explicó que tras el informe y ante la falta de contestación de la Secretaría General, a la que con fecha 15 de noviembre se reclamó este documento, se va a proceder a la comunicación de los hechos al Tribunal de Cuentas para que determine el alcance legal de estas actuaciones llevadas a cabo por parte del Equipo de Gobierno.

“Estamos ante una gravísima irregularidad pues el Equipo de Silván ha dispuesto de los bienes del inmueble como si fuera bienes personales suyo, provocado un quebranto económico evidente para los leoneses, saltándose la ley, eludiendo la normativa, generando opacidad y despreciando todo los requisitos legales que supone la gestión pública”, destacó Diez.

Diez precisó que será el Tribunal de Cuentas el que determinen qué calificativo tiene esta situación pero a juicio del PSOE es evidente que “parte del equipamiento del albergue fue arrojado a la basura sin ser declarado inservible, otra parte fue regalado y, por último, otra trasladada a otros servicios municipales o almacenes del propio consistorio”. “No podemos saber qué ha ocurrido con estos bienes y el PP que ha tenido tres meses para aclararlo siguen sin hacerlo”, precisó.

Diez recordó que ante el cierre del centro y para su vaciado era necesaria una providencia de un concejal que inicie el expediente, la ratificación por parte de un técnico de su viabilidad, el mandato de iniciar el expediente de desafectación de los bienes e, incluso del propio edificio, la declaración de bienes enajenables o inutilizables así como la propia enajenación mediante subasta pública o venta. Además en este proceso es preceptiva una exposición pública del expediente de dos semanas. Un protocolo que está marcado por la ley 33/2003 de patrimonio de las administraciones públicas que, según todo parece indicar, se ha vulnerado en este caso.

Diez explicó asimismo que el Grupo Socialista reclamó, también, una copia de las facturas abonadas por compra de materiales para el albergue, que superan los 150.000 euros solo en los años 2006 y 2007, inversiones que desmienten las declaraciones de la concejala Marta Mejías que indicó que todos los muebles del edificio eran de los años 90 para justificar su nulo valor. “La falta de un preceptivo inventario nos impide saber qué valor tenían los muebles y el equipamiento del albergue, pero aunque fuera solo euro era de todos los leoneses, no de la concejala ni del alcalde”, recalcó Diez.