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En las calles y en el pleno, por la subida de las pensiones

José Antonio Diez, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, defendió una moción en el pleno para exigir el incremento digno de las pensiones y la garantía de continuidad del sistema público de pensiones, continuación institucional del apoyo a la campaña #lazomarrón instaurada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras”, La moción fue ratificada por los grupos políticos del Ayuntamiento, incluido el PP, y en ella se abstuvo Ciudadanos sin argumentar este voto contra una mayor subida de la pensiones.

Diez apuntó que “en la provincia de León hay, actualmente, 142.000 pensionistas, que cobran una pensión media de 886 euros. Una cifra que, aunque ya nos parezca baja oculta miles de pensiones que no llegan a los 600 euros. La pensión media de viudedad –que reciben en León 37.000 personas- supera en diez euros esa cantidad. Existen, además miles de pensiones no contributivas derivadas del régimen agrario o de autónomos que no llegan ni a esa paupérrima cantidad.
Miles de pensionistas que han de vivir con estas cifras y que, desde el inicio de la crisis, se han convertido también el sostén de sus familias, de esos miles de hogares en los que no entra ningún salario ni, tampoco, ninguna prestación por desempleo.

Estos miles y miles de pensionistas leoneses llevan años soportando la congelación de sus pensiones, una situación que ha llevado a una pérdida de más de 8% en su poder adquisitivo y que, unido al encarecimiento de la luz, los combustibles, la alimentación y, por supuesto, al copago farmacéutico hacen que su día a día sea, cuanto menos, complicado.
Por ellos hablamos hoy en este pleno, por este presente. Pero también por un futuro que se presenta aún más complejo debido al paulatino vaciado de la llamada “hucha de las pensiones” de la que el Gobierno ha ido sacando miles de millones hasta dejarla en mínimos históricos. Así las cosas, solo los créditos están salvando el pago de las pensiones y no está garantizado el cobro de ellas ni siquiera a corto plazo. En los últimos cinco años se han sacado del fondo más de 93.000 millones de euros y eso hace que la previsión ponga en este mismo año el vaciado total de la hucha de las pensiones.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han comenzado una campaña contra la miserable subida del 0,25% de las pensiones este año, una campaña que se incardina en las acciones que, desde hace meses, está llevando a cabo ya el PSOE para conseguir la garantía de un servicio público de pensiones que era, y nadie lo duda, modélico y básico para sostener el Estado del Bienestar y que se ha plasmado ya en iniciativa parlamentaria. Una propuesta, la socialista, que pide que la variable de cálculo sea el IPC para evitar una “subida negativa” en las cuantías y que, en este año, llevaría el incremento a no menos de 1,6 por ciento.
Entre los años 1996 y 2004 se incrementaron las pensiones mínimas un 28 por ciento, en los siete años siguientes, correspondientes al Gobierno del leonés José Luis Rodríguez Zapatero, se plasmó un incremento de más del 53% por ciento, en un compromiso evidente con los mayores con menos recursos.
La llegada de Mariano Rajoy al gobierno paralizó toda esta evolución provocando, como decía, una importantísima paralización de las revalorizaciones. Los pensiones pierden poder adquisitivo, el sistema pierde poder de consumo y la sociedad se empobrece aún más. Miles de jubilados viven, pese a cobrar esa pensión,  bajo el umbral de la pobreza y con gravísimas dificultades para seguir tratamientos médicos o garantizar una mínima calidad de vida.

La continua apelación al Gobierno español a que las cosas van bien, a que España es el país que más se recupera económicamente, a la sostenibilidad del sistema ha de plasmarse ya en una subida digna de las pensiones que no solo garantice el poder adquisitivo de este año sino también la recuperación del perdido en los cinco ejercicios anteriores.

La garantía del sistema de pensiones constituye también una garantía de una sociedad más justa y solidaria. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos una batería de medidas para salvar las pensiones y el propio sistema que van desde la actualización conforme al IPC que garantice la salvaguarda del poder adquisitivo a la modificación de la legislación para la regulación de las jubilaciones.

Incremento digno

Además exigimos al Gobierno de España volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada y la  reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social;   Complementar  la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras, intensificar la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y modernizar la gestión del Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual.  Nuestra propuesta, presentada ya en el Congreso de los Diputados, exige asimismo adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género), recuperar la iniciativa legislativa socialista de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta mayoritariamente a las mujeres e introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de “reequilibrio presupuestario”,

 

Un acto de justicia

Diez concluyó que “aprobar esta moción y, sobre todo, aprobar la legislación que garantice la garantía y continuidad del sistema público de pensiones, con prestaciones dignas y con recuperación del poder adquisitivo, es un acto de justicia. Justicia, solidaridad y, a largo plazo, una medida de recuperación económica”.