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Declaración institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instaurado por Naciones Unidas en 1999 con el fin de evidenciar en todo el mundo la necesidad de adoptar medidas para la erradicación absoluta de cualquier tipo de violencia que sufran las mujeres por el mero hecho de serlo.

La violencia de género representa la máxima expresión de la discriminación y de la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial del derecho a su integridad física, a la libertad y a la dignidad.  Constituye un problema global y estructural cuya raíz se halla en las desigualdades de poder históricas existentes entre hombres y mujeres, y se produce con independencia del nivel social, cultural o económico. Si  bien es cierto que en los últimos años se han producido relevantes avances legales a nivel nacional e internacional en la lucha contra la violencia de género, las mujeres continúan siendo controladas, amenazadas, agredidas y asesinadas, apareciendo además nuevas formas de violencia en paralelo a la globalización y a los avances tecnológicos.

El pasado 28 de septiembre, el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género,  consensuado durante seis meses por los grupos parlamentarios y que recoge 213 medidas de prevención, asistencia y protección de las víctimas y de sus hijos e hijas, de los y las menores huérfanos/as y de las madres de menores asesinados/as.

El Pacto amplía el concepto de violencia de género recogido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y define como violencia no sólo la ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul. Es decir, además de la física, psicológica y sexual, se incluye la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razón de género, el aborto y la esterilización forzada.

La ampliación a nivel legislativo de ambos conceptos (violencia de género y víctima de violencia de género) forma parte de las 23 propuestas de la Junta de Castilla y León que se han plasmado en el Pacto de Estado.  Estas definiciones ya estaban así reconocidas en la Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León, vigente desde 2010, y que constituye una de las numerosas evidencias de que nuestra Comunidad Autónoma ha sido y es pionera en la lucha contra la violencia de género.

 

 

Este histórico Pacto representa el compromiso de todas las instituciones del Estado, partidos políticos y de la sociedad civil en su conjunto para abordar la violencia de género como una cuestión de Estado, e involucra y compromete de manera más activa a la Administración Local en la detección temprana de casos, el refuerzo de los sistemas de acompañamiento y la ayuda a la toma de decisiones y en definitiva, en la recuperación de las competencias de dicha Administración en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, dentro del reconocimiento de que dichas medidas y recomendaciones solo pueden ser asumidas como realizables si están acompañadas al menos de la dotación económica comprometida: un incremento anual de 20 millones de euros en los próximos cinco ejercicios.

Desde el año 2003 más de 950 mujeres en España han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y a fecha de hoy el balance para 2017 es de 44 mujeres asesinadas, 7 menores asesinados por violencia de género y 22 niños y niñas que han quedado huérfanos/as a causa de la violencia machista, según datos oficiales del Observatorio para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Sigue siendo dramáticamente elevado el número de víctimas mortales y de casos no denunciados por la víctima o por su entorno más cercano. El repunte de la violencia se manifiesta en las estadísticas, que transmiten que el objetivo de su erradicación en nuestro país está aún lejos de conseguirse, y en la desalentadora evidencia de que se está arraigando y normalizando de manera cada vez más notoria entre jóvenes y adolescentes, con la proliferación de nuevas formas de violencia como es la violencia de género digital.

En este contexto, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos ha de llevar a la reflexión crítica sobre el camino que aún queda por recorrer para lograr una sociedad libre de desigualdades, en la que esté garantizado el derecho de las mujeres a vivir sin opresión, sin violencia y en el pleno ejercicio de sus libertades, y reivindicar que la respuesta institucional, legal y social frente a la lacra de la violencia de género adopte un cariz preventivo y no meramente reactivo, trabajando con especial atención la educación en valores igualitarios, con la promoción de campañas específicamente dirigidas a la juventud, adolescencia e infancia que incluyan en todas las etapas educativas la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual, dentro de los valores de tolerancia y de respeto a la diversidad.

El Ayuntamiento de León ha manifestado a lo largo de los años su empeño en contribuir a la consecución de la igualdad y a la lucha contra la violencia de género, firmando la renovación de su adhesión a la Red de Municipios sin Violencia de Género, enmarcada en el modelo regional “Objetivo Violencia Cero”, en diciembre de 2014.  Y con motivo de este día, 25 de noviembre, quiere una vez más reiterar su firme compromiso en este sentido, manifestando su más enérgica y rotunda condena ante la violencia contra las mujeres; transmitiendo su apoyo incondicional a todas aquellas que la están sufriendo y su solidaridad a las familias de las víctimas mortales ; impulsando actuaciones de sensibilización, prevención y educación para la completa eliminación de cualquier tipo de violencia de género; implicándose activamente en la consecución de un sistema de protección integral más eficaz para las mujeres; y abanderando el rechazo social al sexismo que hace posible estas conductas violentas.

 

La opinión de José Antonio Diez: Contra la violencia

25N2013 copia

Hace sólo unos años, pocos aún, las instituciones públicas comenzaron a tomarse en serio la violencia contra las mujeres y los malos tratos en los hogares. Dos gravísimos problemas que durante demasiados años en España han estado ocultos por la educación, la tradición, la resignación y, por supuesto, la dependencia de las mujeres de esos hombres que las ninguneaban, anulaban, agredían, y, en los peores casos, mataban.
Hasta el Estado había sido cómplice de esta situación prohibiendo durante años que las mujeres tuvieran una independencia laboral y económica. El franquismo anuló a las mujeres y las encerró en las cocinas. Allí tenían que aguantar, como les aconsejaba su confesor, todo lo que pasara.
Pero la liberación económica tras la transición puso sobre la mesa, junto a las grandes cuestiones políticas, que había miles de mujeres que eran agredidas psicológica o físicamente. Comenzó a ponerse un nombre a esas palizas antes ocultas en los hogares y a trabajarse en políticas de protección de las víctimas.
Ahora a esas agresiones se le llama violencia machista o violencia en el ámbito familiar. Y ponerle nombre ha desvelado miles de víctimas, más de 700 mortales en diez años. Ha puesto de manifiesto que miles de mujeres y niños viven atemorizados en hogares en apariencia normales, que adolescentes repiten pautas de machismo agresor, que miles de niños y niñas sufren violencia… Ha dejado claro que sin hogares de acogida, sin ayudas económicas a las víctimas y sin medidas de prevención (policiales y jurídicas) el número de muertes y agresiones sigue creciendo.
Por todo ello, no podemos parar ninguna de las políticas de educación, prevención y atención a las víctimas. Por todo ello, es incomprensible que en solo dos años de Gobierno del PP –se cumplen mañana- se hayan reducido casi un tercio los presupuestos para estas políticas. Que en estos casi 24 meses se hayan tenido que cerrar casas de acogida, pisos de tránsito y eliminar equipos policiales de atención.
No se pueden reducir presupuestos pero tampoco eliminar la calificación como delito de las agresiones en el hogar ni, por supuesto, educar en la desigualdad. La violencia no para y las instituciones no pueden pararse.